La fiscal penal Claudia Geria, en representaci\u00f3n de la Unidad de Delitos Econ\u00f3micos Complejos (UDEC) del Ministerio P\u00fablico Fiscal, llev\u00f3 adelante la acusaci\u00f3n que finaliz\u00f3 con la condena del exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaym\u00e1s y el concejal Aldo Dalmiro Gonza.<\/p>\n
Con la sentencia, el tribunal dio por acreditada la responsabilidad penal de los imputados en los hechos investigados y resolvi\u00f3 condenar al exintendente Ernesto Fernando Gonza a la pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo e inhabilitaci\u00f3n absoluta perpetua, como autor material de cinco hechos de peculado y un hecho de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica, todo en concurso real.<\/p>\n
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Asimismo, se dispuso la revocaci\u00f3n de una condena condicional previa que registraba, y la unificaci\u00f3n de penas, fij\u00e1ndose en definitiva una pena \u00fanica de siete a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva, con inhabilitaci\u00f3n absoluta perpetua, conforme a lo previsto en el art\u00edculo 58 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n
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En el caso del exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaym\u00e1s, fue condenado a la pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo, con inhabilitaci\u00f3n absoluta, como autor penalmente responsable de hechos de peculado, tambi\u00e9n en concurso real.<\/p>\n
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Por su parte, Aldo Dalmiro Gonza fue condenado a la pena de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n condicional e inhabilitaci\u00f3n absoluta perpetua, en car\u00e1cter de part\u00edcipe necesario en un hecho de peculado. El tribunal le impuso adem\u00e1s reglas de conducta por el t\u00e9rmino de tres a\u00f1os, entre ellas fijar domicilio, someterse a control judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos.<\/p>\n
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En relaci\u00f3n a la situaci\u00f3n procesal, el tribunal orden\u00f3 la inmediata detenci\u00f3n de Ernesto Fernando Gonza y Rogelio Higinio Guaym\u00e1s, disponiendo su traslado a la unidad correspondiente para el cumplimiento de la pena.<\/p>\n
Finalmente, se dispuso remitir antecedentes al Ministerio P\u00fablico Fiscal para que se investigue la posible comisi\u00f3n del delito de falso testimonio por parte de un testigo que declar\u00f3 durante el debate, as\u00ed como otros hechos que podr\u00edan revestir car\u00e1cter delictivo y que surgieron en el transcurso del juicio.<\/p>\n
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La denuncia contra los exfuncionarios fue presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien, tras asumir durante su primer mandato, dispuso la realizaci\u00f3n de una auditor\u00eda externa sobre la gesti\u00f3n anterior. El informe final revel\u00f3 numerosas inconsistencias.<\/p>\n
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Luego de escuchar los alegatos de las partes y en la etapa de r\u00e9plicas, la fiscal Claudia Geria reafirm\u00f3 la solidez del proceso y sostuvo que la investigaci\u00f3n y el juicio se desarrollaron con pleno apego a las garant\u00edas constitucionales. En ese sentido, record\u00f3 que el requerimiento de elevaci\u00f3n a juicio fue oportunamente controlado por el juez de Garant\u00edas, incluso frente a planteos de nulidad formulados por la defensa, los cuales fueron rechazados, habilitando la continuidad del proceso.<\/p>\n
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Asimismo, remarc\u00f3 que la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal se encuentra estrictamente regida por el principio de legalidad, descartando cualquier finalidad ajena al proceso. Se\u00f1al\u00f3 que las medidas solicitadas \u2014incluidas las penas y los pedidos de restricci\u00f3n de la libertad\u2014 responden exclusivamente al cumplimiento de sus deberes funcionales y quedan, en todos los casos, sujetas a la decisi\u00f3n del Tribunal.<\/p>\n
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En relaci\u00f3n a la prueba, indic\u00f3 que los elementos incorporados durante el debate \u2014documentales, periciales y testimoniales\u2014 no fueron desvirtuados por las defensas, destacando que los propios imputados no desconocieron su existencia. Agreg\u00f3 que los cuestionamientos sobre la validez u objetividad de determinadas pericias ya hab\u00edan sido analizados y resueltos durante el desarrollo del juicio.<\/p>\n
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Respecto de la calificaci\u00f3n legal, sostuvo que fue debidamente fundamentada en sus alegatos, y rechaz\u00f3 las interpretaciones defensivas que pretendieron desvirtuar el encuadre jur\u00eddico de las conductas investigadas. Tambi\u00e9n desestim\u00f3 los planteos vinculados a supuestos excesos en la actuaci\u00f3n fiscal o pedidos de detenci\u00f3n, al considerar que carecen de sustento, y reiter\u00f3 que todas las medidas impulsadas se ajustaron a derecho. En ese marco, record\u00f3 adem\u00e1s que uno de los imputados registra antecedentes condenatorios, circunstancia que fue considerada en el proceso.<\/p>\n
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Finalmente, subray\u00f3 que la actuaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Fiscal se enmarc\u00f3 estrictamente en el cumplimiento de sus funciones legales, conforme a las disposiciones vigentes, y solicit\u00f3 al Tribunal que valore de manera integral la totalidad de la prueba producida al momento de dictar sentencia.<\/p>\n
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Cabe recordar que el d\u00eda anterior, en sus alegatos, la fiscal hab\u00eda solicitado siete a\u00f1os de prisi\u00f3n de cumplimiento efectivo para Ernesto Gonza, seis a\u00f1os para Rogelio Guaym\u00e1s y cuatro a\u00f1os para Aldo Gonza, adem\u00e1s de la inhabilitaci\u00f3n absoluta y perpetua para ejercer cargos p\u00fablicos para los tres imputados. Asimismo, requiri\u00f3 la detenci\u00f3n inmediata de los acusados y en el caso del exintendente, la unificaci\u00f3n de pena por registrar una condena anterior.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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